Miércoles,
08 de
Septiembre de
2010
Políticas y Lineamientos
Política 9.1. Aplicar y practicar el pluralismo jurídico, respetando los derechos constitucionales. |
- Establecer mecanismos de articulación y coordinación entre jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria.
- Respetar y reconocer las decisiones de la jurisdicción indígena.
- Fortalecer el derecho propio, normas y procedimientos propios para la resolución de sus conflictos internos de los pueblos y nacionalidades.
- Introducir en la malla curricular de los programas de formación profesional en derecho contenidos que promuevan la valorización y el respeto de los derechos de las mujeres diversas y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades.
Política 9.2. Promover un ordenamiento jurídico acorde al carácter plurinacional del Estado constitucional de derechos y justicia. |
- Elaborar las leyes que sean necesarias para desarrollar la Constitución, en el ámbito de la justicia y los derechos humanos.
- Adaptar las leyes a la realidad ecuatoriana y validarlas participativa, democrática y protagónicamente con sus operadores, ejecutores y destinatarios, así como con las personas vulneradas en sus derechos.
- Racionalizar la normativa con el fin de evitar la dispersión y garantizar la uniformidad jurisdiccional y la seguridad jurídica.
Política 9.3. Impulsar una administración de justicia independiente, eficiente, eficaz, oportuna, imparcial, adecuada e integral. |
- Transformar y fortalecer institucionalmente el poder judicial, garantizando su independencia interna y externa.
- Generar espacios de coordinación entre el poder judicial y otros sectores para crear políticas de transformación de la justicia.
- Profesionalizar los servidores judiciales que asegure una administración de justicia eficiente, integral, especializada, socialmente comprometida y transformadora de la realidad social.
- Implementar la evaluación y el control de gestión judicial para un ejercicio de la justicia profesional, ética, con vocación de servicio público, crítica y comprometida con la transformación del sistema judicial.
- Fortalecer e implementar la oralidad procesal.
- Promover la participación ciudadana y control social en el seguimiento y evaluación a la gestión judicial, como mecanismo para promover la transparencia y erradicar la corrupción.
- Atender las especificidades en los servicios de justicia para mujeres y grupos de atención prioritaria.
- Fortalecer integralmente la investigación especializada en temas de justicia.
- Fortalecer el sistema de atención a víctimas y testigos.
- Fortalecer capacidades en investigación en casos de delitos sexuales desde un enfoque de derechos, género y protección especial.
Política 9.4. Erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y nacionalidades. |
- Efectivizar la normativa constitucional que prohíbe la emisión de información que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la xenofobia, la homofobia, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.
- Mejorar la formación de la fuerza pública incorporando enfoque de derechos humanos, género, intercultural, generacional.
- Conformar instancias institucionalizadas en las unidades educativas para actuar como defensoría del estudiantado frente a situaciones de discriminación, maltrato y delitos sexuales, especialmente hacia las mujeres y la población LGBTI.
- Establecer programas intersectoriales eficaces de prevención, protección y apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, explotación, tráfico con fines sexuales, feminicidio, pornografía y otras formas de violencia.
- Promover campañas para transformar prácticas y patrones socioculturales que naturalizan conductas violentas contra las mujeres y para visibilizar los impactos de la violencia y femicidio.
- Sensibilizar a servidoras y servidores públicos y autoridades en la necesidad de erradicar la violencia de género.
- Mejorar la eficiencia y oportunidad de la gestión judicial en los casos de violencia de género.
- Prevenir integralmente y sancionar toda forma de esclavitud moderna, en particular aquella con sesgo de género.
- Fortalecer las capacidades de las mujeres, de las personas LGBTI y de las personas de los grupos de atención prioritaria para presentar acciones de protección.
Política 9.5. Impulsar un sistema de rehabilitación social que posibilite el ejercicio de derechos y responsabilidades de las personas privadas de la libertad. |
- Mejorar la coordinación entre las entidades responsables de la atención a las personas privadas de la libertad y las entidades del sistema procesal penal.
- Fortalecer la institucionalidad responsable de la atención integral a personas privadas de la libertad a través de la implementación de la carrera penitenciaria y la formación integral de guías y demás actores involucrados en la rehabilitación social.
- Mejorar la infraestructura de los centros de privación de la libertad y las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, considerando las necesidades específicas de las mujeres y sus hijos e hijas.
- Promover el conocimiento y del ejercicio de derechos de las personas privadas de libertad a fin de que vivan con dignidad durante el proceso de internamiento.
- Facilitar el proceso de inserción social de las personas privadas de la libertad a través del acompañamiento y articulación de actores y redes sociales.
- Fortalecer las capacidades de las entidades responsables de la atención a adolescentes en conflicto con la ley.
- Promover el ejercicio efectivo de derechos de los y las adolescentes privados de libertad.
- Implementar la mediación penal restaurativa como medio alternativo al juzgamiento.
Política 9.6. Promover el conocimiento y procesos de formación jurídica para la población. |
- Generar herramientas técnicas que permitan a las entidades públicas diseñar, implementar y dar seguimiento a las políticas, con enfoque de derechos humanos y de género y en observancia del pluralismo jurídico.
- Impulsar la formación ciudadana en el conocimiento de sus derechos humanos y mecanismos para hacerlos efectivos a través de procesos masivos de difusión.
- Impulsar programas de formación en derechos humanos, que consideren la perspectiva de género, etárea e intercultural, dirigidos a funcionarios públicos.
- Fortalecer las capacidades de las mujeres y las personas de los grupos de atención prioritaria para exigir sus derechos.
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